La explosión de Cádiz de 1947: ¿accidente o sabotaje?

Documentos del Archivo Varela refuerzan la teoría del sabotaje.

Introducción.

Hoy se cumple el 54 aniversario de la mayor catástrofe que sufrió Cádiz en el siglo XX. El 18 de agosto de 1947 se produjo una terrible explosión en un depósito de minas de la Base de Defensas Submarinas, que arrojó el trágico balance en la ciudad de casi 200 personas muertas y casi 5.000 heridas de diversa consideración, así como la destrucción de centenares de viviendas.

Sin embargo y a pesar de haber transcurrido más de medio siglo, las verdaderas causas siguen siendo una gran incógnita. ¿Qué sucedió realmente aquella noche?. ¿Fue un accidente, fruto de la casualidad y la negligencia? o ¿fue el resultado de un sabotaje terrorista?.

Algunos documentos inéditos de aquella época encontrados recientemente en el Archivo Varela, actualmente en negociación para pasar a propiedad municipal, apuntan nuevamente hacia esta última teoría.

El Sumario civil y la Causa militar.

En la mañana del día 19, el fiscal de la Audiencia Provincial, Francisco Bedoya Gutiérrez, al comprobar que ninguna jurisdicción se ocupaba de instruir diligencia judicial alguna, se marchó y constituyó el juzgado municipal en el lugar de la tragedia, instruyéndose las primeras diligencias de identificación y enterramiento de cadáveres en el cementerio de Cádiz.

Por auto del juez de instrucción Mariano de las Mulas Mesones, de fecha 20 de agosto de 1947, se acordó incoar el correspondiente sumario, número 241/1947, poniéndolo en conocimiento del presidente y fiscal de la Audiencia Provincial.

Sin embargo por auto de 29 de septiembre de 1947 y a petición del almirante Rafael Estrada, capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, la jurisdicción civil se inhibió a favor de la militar, que venía instruyendo la Causa 197/1947 desde el día 20 de agosto, al considerarse que los hechos acontecidos estaban contemplados en el código de justicia militar vigente en la época.

La orden de proceder, al haberse originado la explosión en el interior de unas instalaciones de la Armada, fue dictada por el almirante Estrada, correspondiendo inicialmente la instrucción al capitán de navío Faustino Ruiz González.

El procedimiento militar, que se había iniciado para esclarecer los hechos que motivaron el trágico suceso, finalizó el 4 de diciembre de 1950, siendo su último juez instructor el coronel de Infantería de Marina Camilo González Rodríguez, auxiliado en calidad de secretario por el alférez de navío Manuel Ruiz Velázquez.

El almirante Estrada, conforme al informe del auditor Fernando Rodríguez, decretó su sobreseimiento provisional al no aparecer debidamente comprobada la perpetración de delito alguno.

No obstante y según hizo constar el auditor en el mencionado informe, “aparecen si, algunos indicios de un posible acto de sabotaje realizado por una mano criminal dirigida por elementos contrarios al régimen, pero nada ha podido concretarse sobre dicho particular ya que dichas informaciones fueron suministradas al juez instructor del procedimiento en fecha muy posterior al acaecimiento del suceso, imposibilitando por tanto la práctica de diligencias eficaces en tal sentido”.

Por otra parte, se justificó la negligente y nutridísima presencia de los peligrosos artefactos explosivos, “por razones de interés militar, habiéndose proyectado oportunamente su traslado a otro lugar más indicado, tal como los polvorines del Cerro de San Cristobal, cosa que no podía hacerse hasta que se terminaran las obras que se llevaban a efecto para su debido acondicionamiento”.

Las numerosas quejas elevadas por diversos mandos de la Armada, conscientes del grave peligro que suponía aquella temeraria concentración de minas en unas instalaciones inadecuadas y junto a un núcleo urbano como el de Cádiz, no fueron por desgracia atendidas tan oportunamente como hubiera sido de desear para evitar la terrible catástrofe.

Asimismo en el extenso informe del juez instructor se fueron detallando los diversos indicios de un posible sabotaje: la testificación de unos pescadores, que pocos minutos después de la explosión escucharon el veloz paso de una embarcación que carecía de luz alguna; la detención en San Fernando de un activista antifranquista que el día 20 de agosto de 1947 se había alojado en un hotel utilizando documentos falsos; un informe de los servicios exteriores del Estado Mayor de la Armada sobre la compra antes de la catástrofe en la ciudad italiana de Milán, por elementos subversivos, de seis relojes telefónicos para utilizarlos como dispositivos de retardo en las bombas; así como por último un informe confidencial sobre una reunión celebrada en la ciudad suiza de Berna el 9 de septiembre de 1947.

Los documentos del Archivo Varela.

Por otra parte en el extenso Archivo del bilaureado general José Enrique Varela Iglesias, antiguo ministro del Ejército y Alto Comisario de España en Marruecos el 18 de agosto de 1947, junto a numerosos documentos que dan testimonio de las continuas gestiones, ayudas y aportaciones económicas que a favor de los damnificados hizo el citado militar, existen dos documentos inéditos que refuerzan la teoría del sabotaje.

El primero es una carta manuscrita por un antiguo jefe de los servicios de contrainteligencia militar, fechada en octubre de 1947, y dirigida en Tetuán al general Varela. Su contenido, en la parte que afecta, no podía ser más interesante:

“Si Vd. cree que la catástrofe ocurrida en Cádiz fue un acto de sabotaje, creo que podría contarle una historia interesante relacionada con una que fue agente mía, del E. M., de los ingleses y de los alemanes y al final averigué que era una agente rusa, que sabe seis clase de letra a la perfección, seis o más idiomas, conoce todas las armas de guerra y tiene estudios de laboratorio y está liada maritalmente con un oficial de la marina de guerra con el que ha tenido tres hijos.

No me cabe la menor duda de que si ha habido sabotaje, esta Sra. tendrá parte en el mismo. Siendo agente mía tuve que hacer que trasladaran al marido al interior, para quitarle de la zona portuaria con Gibraltar pero consiguió que trasladaran al marido a Sanlúcar de Barrameda. Si Vd. me dice a que hora le puedo ver, yo iré a verle, lo que puede decir a mi casa por teléfono (teléfono 508)”.

El segundo documento, clasificado como “Muy Reservado” se trata de una nota informativa policial emitida el 3 de enero de 1948 por la Brigada Político-Social de la Dirección de Seguridad de la Zona del Protectorado, y cuya transcripción en la parte que interesa dice:

“El pasado mes de mayo pasó clandestinamente de Francia y destinado a la región andaluza, un destacado miembro de la CNT (fracción de Federica Montseny) llamado “FRIAS”, natural de Granada, y que enviado por el Comité Nacional de dicha organización en la nación vecina, tenía por objeto organizar en la región andaluza los grupos específicos que habían de llevar a efecto toda clase de sabotajes y actos vandálicos.

Por conducto de Tánger (estafeta Copérnico) se recibió de Touluse (Francia) una carta a finales de julio en la cual el “FRIAS” comunicaba al Comité Nacional, entre otras cosas de menor importancia, la siguiente noticia: Llego hoy de Cádiz, trabajo con nuestros hermanos de la Pirotécnica, pronto leereis en la prensa mundial noticias sensacionales. – A los pocos días ocurría la catástrofe de Cádiz”.

Conjeturas para una catástrofe.

Evidentemente cualquiera de estos documentos podría dar pie simplemente a una entretenida novela o película de acción y espionaje si no fuera por que a lo mejor son la llave para conocer la clave de la catástrofe más terrible que vivió nuestra ciudad en el siglo XX.

Que durante la 2ª Guerra Mundial nuestra provincia fue un nido de agentes secretos de los países beligerantes y pseudoneutrales no es ningún secreto.

Tampoco lo es el hecho de que en 1945 se produjera una escisión dentro de la CNT, siendo a partir de entonces el sector más puro del anarcosindicalismo español liderado por Federica Montseny, Germinal Esglas y Roque Santamaría, los cuales tenían como técnico para la acción violenta a Pedro Mateu Cosidó, uno de los asesinos de Eduardo Dato en 1921, presidente del gobierno durante el reinado de Alfonso XIII.

También hay que tener presente que aquellos años fueron los más activos y violentos de la guerrilla antifranquista, cuya represión fue encomendada a la Guardia Civil. A modo de ejemplo sólo citar que en 1946 el maquis realizó en España 1.560 acciones armadas, causó 114 bajas a la Guardia Civil, tuvo a su vez 964 bajas, le detuvieron 2.529 activistas y se les ocupó 1 ametralladora, 82 subfusiles, 992 granadas de mano, 444 fusiles, 290 escopetas y 444 pistolas.

En 1947, el año de la explosión, que fue el más duro de la década, realizó 1.462 acciones, causó 144 bajas a la Guardia Civil, tuvo a su vez 1.109 bajas, le detuvieron 6.312 activistas y se les ocupó 1 ametralladora, 94 subfusiles, 1.614 granadas de mano, 368 fusiles, 329 escopetas y 470 pistolas.

Es decir, se estaba librando una guerra silenciosa y silenciada, en la que bien podría considerarse que el agente “FRIAS” contactara con alguna célula antifranquista de la vecina Pirotécnica Militar de Sevilla y se le proporcionara el material y contactos necesarios para realizar una incursión en la Base de Defensas Submarinas de Cádiz.

Evidentemente realizar un atentado en su interior y volar un depósito de esas características bien daría lugar “a noticias sensacionales en la prensa mundial”.

Reconocer abiertamente que aquello fue obra de una operación guerrillera hubiera sido demasiado fuerte y públicamente inadmisible para el prestigio y moral de un régimen que se encontraba librando una censurada lucha sin cuartel.

Por otro lado, para los propios activistas y su organización, los terribles, inesperados y devastadores efectos de la catástrofe, donde la mayor parte de las víctimas pertenecían a las clases sociales más bajas de la ciudad, hacían inviable cualquier tipo de alarde propagandístico o reivindicación, poco habitual además en aquella época.

Lo cierto es que curiosamente en los extensos archivos del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil, no existe un sólo informe relativo a la explosión de 1947, salvo la relación de cuarteles dañados por la onda expansiva. Algo sólo explicable si los mismos tuvieron el carácter de secreto y se procedió posteriormente a su destrucción.

Por otro lado en las minuciosas hojas de servicios de los dos jefes de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil el 18 de agosto de 1947, el teniente coronel Roger Oliete Navarro y el comandante José Arias Garín no se hace mención alguna a la catástrofe, aún a pesar que ambos dirigieron activamente los dispositivos de auxilio y protección que inmediatamente se establecieron.

Circunstancia muy anómala ya que cualquier actuación extraordinaria quedaba recogida siempre con gran detalle, salvo que se ordenase obviar expresamente.

A pesar de que los guardias civiles de Cádiz rescataron de los escombros durante aquella trágica noche y en la mañana siguiente a 523 hombres, mujeres y niños, salvando a muchos de ellos de una muerte segura, no se publicó en el boletín oficial del cuerpo ni una simple felicitación por su benemérita labor humanitaria, lo cual era absolutamente atípico ya que solía hacerse habitualmente para reconocimiento de los interesados y estímulo de los demás. Casi parecía que aquello no había existido para la Guardia Civil.

También fue extraño y muy criticado en las tertulias privadas de la época que el general Franco, jefe del Estado, tardara un año en visitar Cádiz después de la catástrofe, cuando en cambio lo había hecho casi inmediatamente a Santander en 1941, tras sufrir aquella ciudad un devastador pero mucho menos cruento incendio.

En definitiva, cincuenta y cuatro años después hay todavía muchas incógnitas sin resolver y la principal de ellas sigue siendo: ¿fue accidente o sabotaje?.

Tal vez los únicos que pudieran contestar esta pregunta murieron aquella misma noche del 18 de agosto de 1947, víctimas del inesperado efecto devastador de su propio acto terrorista o consiguieron huir en aquella lancha que surcó velozmente las oscuras aguas gaditanas sin luz alguna para no ser detectada.

Publicado en: Blog de Jesús N. Núñez Calvo, 18 de agosto de 2001.

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